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(OT) JUSTICIA A LA CARTA: Juana Rivas SE ENTREGARÁ al juez SI la Audiencia de Granada LE DA LA RAZÓN
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2017-08-09 22:56:49 UTC
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-al-juez-audiencia-de-granada-le-da-razon.html

Cremilo
Burbujista obsesivo


Fecha de Ingreso: 14-diciembre-2014
Mensajes: 2.408
Gracias: 11.443
6.079 Agradecimientos de 1.538 mensajes

El esperpento va tomando forma de sainete.

Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón
Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón
http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-entregara-juez-si-audiencia-granada-razon-201708092325_noticia.html

Juana Rivas estaría dispuesta a comparecer ante la Justicia si la Audiencia
falla a su favor

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado ya el
dispositivo de búsqueda de Juana Rivas. La madre continúa en paradero
desconocido con sus hijos, a la espera de que la Audiencia de Granada se
pronuncie sobre el recurso que presentó para que se suspenda la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, por la que está obligada a
entregar a los menores al padre. Según han apuntado a ABC fuentes jurídicas
autorizadas, Juana Rivas irá voluntariamente a declarar ante el Juzgado de
Instrucción 2 de Granada si la Audiencia le diera la razón, en la sentencia
que previsiblemente emitirá este jueves.

Rivas, que debería haber acudido el martes a declarar ante el juez, no
apareció y se ha ordenado su arresto. En este momento, la situación procesal
de Juana Rivas es de investigada por el Juzgado de Instrucción 2 como
consecuencia de la denuncia que su expareja, Francesco Arcuri, interpuso
contra ella la pasada semana por el presunto secuestro de sus hijos. En el
caso de que la Audiencia Provincial de Granada desestime el expediente de
nulidad, los representantes jurídicos de la madre recurrirán ante el
Tribunal Constitucional.

El argumento que seguiría Juana Rivas a la hora de recurrir al
Constitucional no sería otro que el de que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados. En ese sentido se pronunció este miércoles su asesora
jurídica, Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena,
que denuncia la existencia de «irregularidades» a lo largo del enrevesado y
laberíntico proceso.

Para Granados, no hay debate. Cuestionar que Juana Rivas es una víctima de
violencia de género supone negar una realidad constatada por el Centro de la
Mujer de Maracena, el Instituto Andaluz de la Mujer o la condena de 2009 a
Francesco Arcuri por lesiones**. Lo demás, ha dicho, es una batalla
«ideológica» en la que «Juana Rivas y sus hijos no quieren estar». Por eso
Granados pide que su caso sea considerado de violencia de género.


Leyes contra leyes

El problema radica en la segunda denuncia contra Arcuri, presentada por
Juana Rivas tras regresar a España con los menores, de 11 y 3 años, en el
verano de 2016. Esta denuncia espera a ser tramitado en Italia, para lo que
sería necesario traducirla al idioma de destino, pues fue allí donde
supuestamente se produjeron los hechos denunciados. De acuerdo con el
artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, las autoridades
españolas deben remitir «inmediatamente» la denuncia a las instituciones
judiciales pertinentes, que en este caso son los tribunales italianos.

Pero aún no se ha llevado a cabo este paso. La denuncia está por traducir y
la asesora de Juana Rivas insiste en que hacerlo resultaría fundamental para
el normal avance de la causa, pues la sentencia civil por la que la madre
debe entregar a los niños no ha tenido en cuenta este aspecto, a pesar de
que la juez competente apuntó que fallaba «sin desconocer que entre los
progenitores han existido episodios de violencia doméstica protagonizados
por el padre».

En esa misma sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, la
juez sostiene que «no consta que los episodios protagonizados por el padre
afecten a los menores». Sin embargo, el apartado 2 del artículo 1 de la Ley
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, desde su
reforma en 2015, equipara a las mujeres agredidas con sus hijos menores, a
los que se refiere explícitamente como «víctimas de esta violencia». También
el Convenio de Estambul, de 2011, reconoce a los niños esta distinción por
el simple hecho de ser testigos.


Evidencia científica

En declaraciones a este periódico, la asesora jurídica de Juana Rivas hace
especial hincapié en la evidencia científica: «Está confirmado por muchos
estudios que los niños víctimas de violencia de género ven alterado su
desarrollo personal e incluso pueden sufrir retrasos». Existen dos
informes –uno de ellos elaborado por la Junta de Andalucía– que desaconsejan
el retorno de los niños a Italia.

A pesar de todo, y en contra del artículo segundo de la Ley de Protección
Jurídica del Menor, el peritaje del mayor de los menores fue llevado a cabo
por una psicóloga no colegiada que tampoco está especializada en casos de
violencia de género, mientras que la normativa establece que «en las
decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el
informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en
los ámbitos adecuados».


** Lo de las lesiones en 2009 parece que es FALSO.

Al hilo del "CASO RIVAS"

En tantos años de profesión nunca había sentido lo que ayer, escuchando la
entrevista telefónica que una cadena de televisión realizó a Adolfo Alonso,
compañero abogado que defiende los intereses del padre de los dos hijos de
Juana Rivas.
Me dolía -me dolía especialmente, y me sigue doliendo- su dolor profundo al
expresar cuantísima tristeza le produce la situación. Y el estupor
paralizante que siente cuando algo que pertenece al campo del Derecho se
convierte -sin sustento alguno- en un circo mediático. Me dolía su
impotencia, sabiendo que no importaba lo que dijera: ni se le iba a entender
jurídicamente, ni mucho menos comprender empáticamente. Su cliente está
condenado públicamente por el solo hecho de ser hombre.

Afloran datos, sí... La Sra. Rivas no ha dudado en exhibir ante las cámaras
el Fallo de la Sentencia de 2009 que condenaba al padre de sus hijos a tres
meses de prisión por la comisión de un delito de lesiones del art. 153.2 y 3
del Código Penal. Añado: DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.

Para quienes no se manejen en estas cuestiones, este artículo contempla como
delito leve las acciones -maltrato, sirve un empujón, una bofetada- QUE NO
CAUSAN LESIONES. Sólo que si la persona que recibe ese trato (como en este
caso sería) es o ha sido esposa o pareja, se agrava la pena y pasa a ser
delito encuadrado en el marco de la violencia de género.

Lo interesante, si es que alguien quiere investigar, son varias cuestiones a
destacar:
a) en ese mismo Fallo de Sentencia se observa que JUANA ES ABSUELTA y su
pareja ES CONDENADO. Esto es: SE DENUNCIARON MUTUAMENTE POR MALTRATO (lo que
ocurre en una riña entre dos). Él afirma que llegó a una conformidad y
aceptó porque se le estaba privando de ver a su hijo (entonces uno solo) y
era la única forma de volver a verlo. He de decir que, tristemente, esta
realidad se vive a diario en los Juzgados de toda España, donde es la
palabra de uno contra otro y no hay parte de lesiones alguno que justifique
la denuncia.
b) La condena del art. 153 del Código Penal implica que, muy lejos de lo
afirmado por Juana en los medios de comunicación (acerca de que le dio una
paliza por llegar a altas horas de la madrugada y que tuvo que ser asistida
hospitalariamente), estas afirmaciones faltan a la verdad. Y lo son por el
propio contenido de la condena: el art. 153 del Código Penal español, por el
que fue condenado , implica que NO HAY LESIONES. Ni, por supuesto, parte de
lesiones. Ni por lo tanto, palizas ni malos tratos. Y una persona que falta
a la verdad e algo tan grave, debe ser cuestionada en el resto de
afirmaciones que realice.

Partiendo de esta triste constatación, me remito al plano escrupulosamente
jurídico de la cuestión:

Estamos hablando de una señora que, tras el episodio de 2009 -juzgado en
España- retoma la convivencia con el padre de sus hijos, naciendo un segundo
hijo de la relación. Y que en 2016 -ignoramos si antes también- al finalizar
el curso escolar viene a España indicando al padre que regresará -como
parece natural- al finalizar las vacaciones.

Una vez en España, y como la vez anterior (y, en mi opinión, intentando
valerse del sistema judicial español), Juana denuncia en Granada un
(supuesto) maltrato psicológico por parte del padre. Pero como existen
normas procesales vinculantes para todos los jueces y todos los Juzgados, el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada estima que ese asunto debe
ser instruido (y juzgado en su caso) en Italia.

Al mismo tiempo el padre, viendo que Juana y sus hijos no regresan y no
habiendo sido consultado ni aceptado esa decisión unilateral de la madre,
hace lo que tiene que hacer: acude al Juzgado correspondiente en solicitud
del cumplimiento de un Convenio Internacional suscrito tanto por Italia como
por España, el CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. Porque
existe sustracción de menores cuando uno de los progenitores se lleva del
país de residencia de los menores a éstos sin consentimiento o aceptación
del otro progenitor.

Por supuesto, existe una excepción a la obligación de devolver a los menores
a su país de residencia, y esta excepción consiste en que la restitución al
país de residencia suponga un grave riesgo para el menor: RIESGO QUE NO HA
SIDO APRECIADO POR DOS TRIBUNALES.
Eso es lo que hizo, en un procedimiento judicial en el que JUANA ESTUVO
REPRESENTADA Y DEFENDIDA. Y en el que el juez correspondiente determinó que
NO EXISTÍA ESA SITUACIÓN DE RIESGO, y que por tanto los menores debían
regresar al domicilio familiar. Y no sólo eso: JUANA RECURRIÓ, y un Tribunal
Superior confirmó la decisión del Juez.

El compañero Alonso lo explicó claramente: no se está decidiendo
absolutamente nada acerca de la patria potestad, ni de la guarda y
custodia... Se está ventilando un asunto de SECUESTRO INTERNACIONAL DE
MENORES. Eso, le pese a quien le pese, es lo que ha hecho la madre. Y me
permito decir que si ella, Juana, estuviera bien asesorada, hace tiempo que
debería haber iniciado los correspondientes procedimientos en Italia (país
competente para decidir)para resolver lo relativo a la guarda y custodia de
sus hijos, alimentos, visitas y demás medidas que han de adoptarse en los
supuestos en que los padres rompen su convivencia.

Pero Juana no sólo decidió unilateralmente que no iba a hacer esto. Dando un
giro de tuerca y pese a que (en un proceso en el que ha estado personada y
ha sido parte) hay una resolución y una orden firme de restitución de los
menores, decide que no los va a entregar.
El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, a quien ha correspondido este
asunto (Cooperación Internacional: el Juzgado de granada se limita a cumplir
una resolución firme dictada por otro país que suscribió el Convenio de la
Haya), dicta la correspondiente resolución, fijando día y hora de la puesta
a disposición y restitución de los menores.

Como decimos, la madre se niega a cumplir, situándose en un punto complejo.
Debemos pensar que su abogada la habrá aconsejado como corresponde,
haciéndole saber las consecuencias PENALES de dicho comportamiento: nos
situamos en un plano delicado, ya hablamos de obstrucción a la justicia,
desobediencia judicial, secuestro -por vez segunda-..., procesos todos ellos
que sí se ventilarán en España, en Granada. Y de hecho, ya la Juez del
jugado de Violencia sobre la Mujer ha derivado la petición del padre a los
Juzgados de Instrucción.

Le pese a quien le pese, se trata de un asunto que se está ventilando en los
Juzgados de Italia. Y éstos han decidido (en un proceso en el que la madre
ha sido parte) que los niños han de volver.

Y volvemos a la entrevista del compañero Adolfo Alonso, y a su sensación de
impotencia al hablar con los medios de comunicación: DA LO MISMO LO QUE DIGA
EL PADRE, porque siempre ¡siempre! Va a tener más peso lo que diga la madre.
Aun cuando él venga respaldado por resoluciones judiciales. Aun cuando ella
haya cometido toda una suerte de actos y adoptado decisiones por la vía de
hecho ILEGALES. No importa que una madre haya secuestrado a dos menores
alejándolos de un padre, ni que desobedezca y obstruya a la justicia.
Siempre pesará el calificativo de MALTRATADOR, hayan pasado los años que
pasen. Sin importar si los antecedentes están cancelados. Sin importar si se
aquietó a la denuncia y retiró la suya en beneficio de la relación familiar.
Nadie, absolutamente nadie, apostará por él.

María José Bultó
Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores

Última edición por Cremilo; Hoy a las 23:49
Linuxero
2017-08-10 19:58:06 UTC
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Ella pone las condiciones, eso manda muchos 00000000000000000000000000
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Cremilo
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Fecha de Ingreso: 14-diciembre-2014
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El esperpento va tomando forma de sainete.
Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón
Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón
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Juana Rivas estaría dispuesta a comparecer ante la Justicia si la
Audiencia falla a su favor
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado ya el
dispositivo de búsqueda de Juana Rivas. La madre continúa en paradero
desconocido con sus hijos, a la espera de que la Audiencia de Granada se
pronuncie sobre el recurso que presentó para que se suspenda la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, por la que está
obligada a entregar a los menores al padre. Según han apuntado a ABC
fuentes jurídicas autorizadas, Juana Rivas irá voluntariamente a
declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada si la Audiencia le
diera la razón, en la sentencia que previsiblemente emitirá este jueves.
Rivas, que debería haber acudido el martes a declarar ante el juez, no
apareció y se ha ordenado su arresto. En este momento, la situación
procesal de Juana Rivas es de investigada por el Juzgado de Instrucción
2 como consecuencia de la denuncia que su expareja, Francesco Arcuri,
interpuso contra ella la pasada semana por el presunto secuestro de sus
hijos. En el caso de que la Audiencia Provincial de Granada desestime el
expediente de nulidad, los representantes jurídicos de la madre
recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
El argumento que seguiría Juana Rivas a la hora de recurrir al
Constitucional no sería otro que el de que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados. En ese sentido se pronunció este miércoles su
asesora jurídica, Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer
de Maracena, que denuncia la existencia de «irregularidades» a lo largo
del enrevesado y laberíntico proceso.
Para Granados, no hay debate. Cuestionar que Juana Rivas es una víctima
de violencia de género supone negar una realidad constatada por el
Centro de la Mujer de Maracena, el Instituto Andaluz de la Mujer o la
condena de 2009 a Francesco Arcuri por lesiones**. Lo demás, ha dicho,
es una batalla «ideológica» en la que «Juana Rivas y sus hijos no
quieren estar». Por eso Granados pide que su caso sea considerado de
violencia de género.
Leyes contra leyes
El problema radica en la segunda denuncia contra Arcuri, presentada por
Juana Rivas tras regresar a España con los menores, de 11 y 3 años, en
el verano de 2016. Esta denuncia espera a ser tramitado en Italia, para
lo que sería necesario traducirla al idioma de destino, pues fue allí
donde supuestamente se produjeron los hechos denunciados. De acuerdo con
el artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, las
autoridades españolas deben remitir «inmediatamente» la denuncia a las
instituciones judiciales pertinentes, que en este caso son los
tribunales italianos.
Pero aún no se ha llevado a cabo este paso. La denuncia está por
traducir y la asesora de Juana Rivas insiste en que hacerlo resultaría
fundamental para el normal avance de la causa, pues la sentencia civil
por la que la madre debe entregar a los niños no ha tenido en cuenta
este aspecto, a pesar de que la juez competente apuntó que fallaba «sin
desconocer que entre los progenitores han existido episodios de
violencia doméstica protagonizados por el padre».
En esa misma sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, la
juez sostiene que «no consta que los episodios protagonizados por el
padre afecten a los menores». Sin embargo, el apartado 2 del artículo 1
de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, desde su reforma en 2015, equipara a las mujeres agredidas con
sus hijos menores, a los que se refiere explícitamente como «víctimas de
esta violencia». También el Convenio de Estambul, de 2011, reconoce a
los niños esta distinción por el simple hecho de ser testigos.
Evidencia científica
En declaraciones a este periódico, la asesora jurídica de Juana Rivas
hace especial hincapié en la evidencia científica: «Está confirmado por
muchos estudios que los niños víctimas de violencia de género ven
alterado su desarrollo personal e incluso pueden sufrir retrasos».
Existen dos informes –uno de ellos elaborado por la Junta de Andalucía–
que desaconsejan el retorno de los niños a Italia.
A pesar de todo, y en contra del artículo segundo de la Ley de
Protección Jurídica del Menor, el peritaje del mayor de los menores fue
llevado a cabo por una psicóloga no colegiada que tampoco está
especializada en casos de violencia de género, mientras que la normativa
establece que «en las decisiones especialmente relevantes que afecten al
menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y
multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados».
** Lo de las lesiones en 2009 parece que es FALSO.
Al hilo del "CASO RIVAS"
En tantos años de profesión nunca había sentido lo que ayer, escuchando
la entrevista telefónica que una cadena de televisión realizó a Adolfo
Alonso, compañero abogado que defiende los intereses del padre de los
dos hijos de Juana Rivas.
Me dolía -me dolía especialmente, y me sigue doliendo- su dolor profundo
al expresar cuantísima tristeza le produce la situación. Y el estupor
paralizante que siente cuando algo que pertenece al campo del Derecho se
convierte -sin sustento alguno- en un circo mediático. Me dolía su
impotencia, sabiendo que no importaba lo que dijera: ni se le iba a
entender jurídicamente, ni mucho menos comprender empáticamente. Su
cliente está condenado públicamente por el solo hecho de ser hombre.
Afloran datos, sí... La Sra. Rivas no ha dudado en exhibir ante las
cámaras el Fallo de la Sentencia de 2009 que condenaba al padre de sus
hijos a tres meses de prisión por la comisión de un delito de lesiones
del art. 153.2 y 3 del Código Penal. Añado: DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.
Para quienes no se manejen en estas cuestiones, este artículo contempla
como delito leve las acciones -maltrato, sirve un empujón, una bofetada-
QUE NO CAUSAN LESIONES. Sólo que si la persona que recibe ese trato
(como en este caso sería) es o ha sido esposa o pareja, se agrava la
pena y pasa a ser delito encuadrado en el marco de la violencia de género.
Lo interesante, si es que alguien quiere investigar, son varias
a) en ese mismo Fallo de Sentencia se observa que JUANA ES ABSUELTA y su
pareja ES CONDENADO. Esto es: SE DENUNCIARON MUTUAMENTE POR MALTRATO (lo
que ocurre en una riña entre dos). Él afirma que llegó a una conformidad
y aceptó porque se le estaba privando de ver a su hijo (entonces uno
solo) y era la única forma de volver a verlo. He de decir que,
tristemente, esta realidad se vive a diario en los Juzgados de toda
España, donde es la palabra de uno contra otro y no hay parte de
lesiones alguno que justifique la denuncia.
b) La condena del art. 153 del Código Penal implica que, muy lejos de lo
afirmado por Juana en los medios de comunicación (acerca de que le dio
una paliza por llegar a altas horas de la madrugada y que tuvo que ser
asistida hospitalariamente), estas afirmaciones faltan a la verdad. Y lo
son por el propio contenido de la condena: el art. 153 del Código Penal
español, por el que fue condenado , implica que NO HAY LESIONES. Ni, por
supuesto, parte de lesiones. Ni por lo tanto, palizas ni malos tratos. Y
una persona que falta a la verdad e algo tan grave, debe ser cuestionada
en el resto de afirmaciones que realice.
Partiendo de esta triste constatación, me remito al plano
Estamos hablando de una señora que, tras el episodio de 2009 -juzgado en
España- retoma la convivencia con el padre de sus hijos, naciendo un
segundo hijo de la relación. Y que en 2016 -ignoramos si antes también-
al finalizar el curso escolar viene a España indicando al padre que
regresará -como parece natural- al finalizar las vacaciones.
Una vez en España, y como la vez anterior (y, en mi opinión, intentando
valerse del sistema judicial español), Juana denuncia en Granada un
(supuesto) maltrato psicológico por parte del padre. Pero como existen
normas procesales vinculantes para todos los jueces y todos los
Juzgados, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada estima que
ese asunto debe ser instruido (y juzgado en su caso) en Italia.
Al mismo tiempo el padre, viendo que Juana y sus hijos no regresan y no
habiendo sido consultado ni aceptado esa decisión unilateral de la
madre, hace lo que tiene que hacer: acude al Juzgado correspondiente en
solicitud del cumplimiento de un Convenio Internacional suscrito tanto
por Italia como por España, el CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN DE
MENORES. Porque existe sustracción de menores cuando uno de los
progenitores se lleva del país de residencia de los menores a éstos sin
consentimiento o aceptación del otro progenitor.
Por supuesto, existe una excepción a la obligación de devolver a los
menores a su país de residencia, y esta excepción consiste en que la
RIESGO QUE NO HA SIDO APRECIADO POR DOS TRIBUNALES.
Eso es lo que hizo, en un procedimiento judicial en el que JUANA ESTUVO
REPRESENTADA Y DEFENDIDA. Y en el que el juez correspondiente determinó
que NO EXISTÍA ESA SITUACIÓN DE RIESGO, y que por tanto los menores
debían regresar al domicilio familiar. Y no sólo eso: JUANA RECURRIÓ, y
un Tribunal Superior confirmó la decisión del Juez.
El compañero Alonso lo explicó claramente: no se está decidiendo
absolutamente nada acerca de la patria potestad, ni de la guarda y
custodia... Se está ventilando un asunto de SECUESTRO INTERNACIONAL DE
MENORES. Eso, le pese a quien le pese, es lo que ha hecho la madre. Y me
permito decir que si ella, Juana, estuviera bien asesorada, hace tiempo
que debería haber iniciado los correspondientes procedimientos en Italia
(país competente para decidir)para resolver lo relativo a la guarda y
custodia de sus hijos, alimentos, visitas y demás medidas que han de
adoptarse en los supuestos en que los padres rompen su convivencia.
Pero Juana no sólo decidió unilateralmente que no iba a hacer esto.
Dando un giro de tuerca y pese a que (en un proceso en el que ha estado
personada y ha sido parte) hay una resolución y una orden firme de
restitución de los menores, decide que no los va a entregar.
El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, a quien ha correspondido
este asunto (Cooperación Internacional: el Juzgado de granada se limita
a cumplir una resolución firme dictada por otro país que suscribió el
Convenio de la Haya), dicta la correspondiente resolución, fijando día y
hora de la puesta a disposición y restitución de los menores.
Como decimos, la madre se niega a cumplir, situándose en un punto
complejo. Debemos pensar que su abogada la habrá aconsejado como
corresponde, haciéndole saber las consecuencias PENALES de dicho
comportamiento: nos situamos en un plano delicado, ya hablamos de
obstrucción a la justicia, desobediencia judicial, secuestro -por vez
segunda-..., procesos todos ellos que sí se ventilarán en España, en
Granada. Y de hecho, ya la Juez del jugado de Violencia sobre la Mujer
ha derivado la petición del padre a los Juzgados de Instrucción.
Le pese a quien le pese, se trata de un asunto que se está ventilando en
los Juzgados de Italia. Y éstos han decidido (en un proceso en el que la
madre ha sido parte) que los niños han de volver.
Y volvemos a la entrevista del compañero Adolfo Alonso, y a su sensación
de impotencia al hablar con los medios de comunicación: DA LO MISMO LO
QUE DIGA EL PADRE, porque siempre ¡siempre! Va a tener más peso lo que
diga la madre. Aun cuando él venga respaldado por resoluciones
judiciales. Aun cuando ella haya cometido toda una suerte de actos y
adoptado decisiones por la vía de hecho ILEGALES. No importa que una
madre haya secuestrado a dos menores alejándolos de un padre, ni que
desobedezca y obstruya a la justicia. Siempre pesará el calificativo de
MALTRATADOR, hayan pasado los años que pasen. Sin importar si los
antecedentes están cancelados. Sin importar si se aquietó a la denuncia
y retiró la suya en beneficio de la relación familiar. Nadie,
absolutamente nadie, apostará por él.
María José Bultó
Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores
Última edición por Cremilo; Hoy a las 23:49
!!! HOOLAAAAAAAAAAA !!!
2017-08-13 17:06:19 UTC
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El 10/08/2017 a las 21:58, Linuxero escribió:
¡HOOLAAAAAAAAAAA ANGELA ROCA VALLADARES!
¡HOOLAAAAA ALBOROTO!
¡HOOLAAAAA NINOVSKA¡

!!! HOOLAAAAAAAAAAA !!!
!!! HOOLAAAAAAAAAAA !!!
!!! HOOLAAAAAAAAAAA !!!

Alboroto
2017-08-10 21:06:10 UTC
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lla pone las condiciones, eso manda muchos 00000000000000000000000000

El 10/08/17 a las 00:56, Otro escribió:

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/928411-justicia-a-carta-juana-rivas-se-entregara
-al-juez-audiencia-de-granada-le-da-razon.html

Cremilo
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Fecha de Ingreso: 14-diciembre-2014
Mensajes: 2.408
Gracias: 11.443
6.079 Agradecimientos de 1.538 mensajes

El esperpento va tomando forma de sainete.

Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón
Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón
http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-entregara-juez-si-audiencia-granada-razon-201708092325_noticia.html

Juana Rivas estaría dispuesta a comparecer ante la Justicia si la
Audiencia falla a su favor

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado ya el
dispositivo de búsqueda de Juana Rivas. La madre continúa en paradero
desconocido con sus hijos, a la espera de que la Audiencia de Granada se
pronuncie sobre el recurso que presentó para que se suspenda la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, por la que está
obligada a entregar a los menores al padre. Según han apuntado a ABC
fuentes jurídicas autorizadas, Juana Rivas irá voluntariamente a
declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada si la Audiencia le
diera la razón, en la sentencia que previsiblemente emitirá este jueves.

Rivas, que debería haber acudido el martes a declarar ante el juez, no
apareció y se ha ordenado su arresto. En este momento, la situación
procesal de Juana Rivas es de investigada por el Juzgado de Instrucción
2 como consecuencia de la denuncia que su expareja, Francesco Arcuri,
interpuso contra ella la pasada semana por el presunto secuestro de sus
hijos. En el caso de que la Audiencia Provincial de Granada desestime el
expediente de nulidad, los representantes jurídicos de la madre
recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

El argumento que seguiría Juana Rivas a la hora de recurrir al
Constitucional no sería otro que el de que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados. En ese sentido se pronunció este miércoles su
asesora jurídica, Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer
de Maracena, que denuncia la existencia de «irregularidades» a lo largo
del enrevesado y laberíntico proceso.

Para Granados, no hay debate. Cuestionar que Juana Rivas es una víctima
de violencia de género supone negar una realidad constatada por el
Centro de la Mujer de Maracena, el Instituto Andaluz de la Mujer o la
condena de 2009 a Francesco Arcuri por lesiones**. Lo demás, ha dicho,
es una batalla «ideológica» en la que «Juana Rivas y sus hijos no
quieren estar». Por eso Granados pide que su caso sea considerado de
violencia de género.


Leyes contra leyes

El problema radica en la segunda denuncia contra Arcuri, presentada por
Juana Rivas tras regresar a España con los menores, de 11 y 3 años, en
el verano de 2016. Esta denuncia espera a ser tramitado en Italia, para
lo que sería necesario traducirla al idioma de destino, pues fue allí
donde supuestamente se produjeron los hechos denunciados. De acuerdo con
el artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, las
autoridades españolas deben remitir «inmediatamente» la denuncia a las
instituciones judiciales pertinentes, que en este caso son los
tribunales italianos.

Pero aún no se ha llevado a cabo este paso. La denuncia está por
traducir y la asesora de Juana Rivas insiste en que hacerlo resultaría
fundamental para el normal avance de la causa, pues la sentencia civil
por la que la madre debe entregar a los niños no ha tenido en cuenta
este aspecto, a pesar de que la juez competente apuntó que fallaba «sin
desconocer que entre los progenitores han existido episodios de
violencia doméstica protagonizados por el padre».

En esa misma sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, la
juez sostiene que «no consta que los episodios protagonizados por el
padre afecten a los menores». Sin embargo, el apartado 2 del artículo 1
de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, desde su reforma en 2015, equipara a las mujeres agredidas con
sus hijos menores, a los que se refiere explícitamente como «víctimas de
esta violencia». También el Convenio de Estambul, de 2011, reconoce a
los niños esta distinción por el simple hecho de ser testigos.


Evidencia científica

En declaraciones a este periódico, la asesora jurídica de Juana Rivas
hace especial hincapié en la evidencia científica: «Está confirmado por
muchos estudios que los niños víctimas de violencia de género ven
alterado su desarrollo personal e incluso pueden sufrir retrasos».
Existen dos informes –uno de ellos elaborado por la Junta de Andalucía–
que desaconsejan el retorno de los niños a Italia.

A pesar de todo, y en contra del artículo segundo de la Ley de
Protección Jurídica del Menor, el peritaje del mayor de los menores fue
llevado a cabo por una psicóloga no colegiada que tampoco está
especializada en casos de violencia de género, mientras que la normativa
establece que «en las decisiones especialmente relevantes que afecten al
menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y
multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados».


** Lo de las lesiones en 2009 parece que es FALSO.

Al hilo del "CASO RIVAS"

En tantos años de profesión nunca había sentido lo que ayer, escuchando
la entrevista telefónica que una cadena de televisión realizó a Adolfo
Alonso, compañero abogado que defiende los intereses del padre de los
dos hijos de Juana Rivas.
Me dolía -me dolía especialmente, y me sigue doliendo- su dolor profundo
al expresar cuantísima tristeza le produce la situación. Y el estupor
paralizante que siente cuando algo que pertenece al campo del Derecho se
convierte -sin sustento alguno- en un circo mediático. Me dolía su
impotencia, sabiendo que no importaba lo que dijera: ni se le iba a
entender jurídicamente, ni mucho menos comprender empáticamente. Su
cliente está condenado públicamente por el solo hecho de ser hombre.

Afloran datos, sí... La Sra. Rivas no ha dudado en exhibir ante las
cámaras el Fallo de la Sentencia de 2009 que condenaba al padre de sus
hijos a tres meses de prisión por la comisión de un delito de lesiones
del art. 153.2 y 3 del Código Penal. Añado: DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.

Para quienes no se manejen en estas cuestiones, este artículo contempla
como delito leve las acciones -maltrato, sirve un empujón, una bofetada-
QUE NO CAUSAN LESIONES. Sólo que si la persona que recibe ese trato
(como en este caso sería) es o ha sido esposa o pareja, se agrava la
pena y pasa a ser delito encuadrado en el marco de la violencia de género.

Lo interesante, si es que alguien quiere investigar, son varias
cuestiones a destacar:
a) en ese mismo Fallo de Sentencia se observa que JUANA ES ABSUELTA y su
pareja ES CONDENADO. Esto es: SE DENUNCIARON MUTUAMENTE POR MALTRATO (lo
que ocurre en una riña entre dos). Él afirma que llegó a una conformidad
y aceptó porque se le estaba privando de ver a su hijo (entonces uno
solo) y era la única forma de volver a verlo. He de decir que,
tristemente, esta realidad se vive a diario en los Juzgados de toda
España, donde es la palabra de uno contra otro y no hay parte de
lesiones alguno que justifique la denuncia.
b) La condena del art. 153 del Código Penal implica que, muy lejos de lo
afirmado por Juana en los medios de comunicación (acerca de que le dio
una paliza por llegar a altas horas de la madrugada y que tuvo que ser
asistida hospitalariamente), estas afirmaciones faltan a la verdad. Y lo
son por el propio contenido de la condena: el art. 153 del Código Penal
español, por el que fue condenado , implica que NO HAY LESIONES. Ni, por
supuesto, parte de lesiones. Ni por lo tanto, palizas ni malos tratos. Y
una persona que falta a la verdad e algo tan grave, debe ser cuestionada
en el resto de afirmaciones que realice.

Partiendo de esta triste constatación, me remito al plano
escrupulosamente jurídico de la cuestión:

Estamos hablando de una señora que, tras el episodio de 2009 -juzgado en
España- retoma la convivencia con el padre de sus hijos, naciendo un
segundo hijo de la relación. Y que en 2016 -ignoramos si antes también-
al finalizar el curso escolar viene a España indicando al padre que
regresará -como parece natural- al finalizar las vacaciones.

Una vez en España, y como la vez anterior (y, en mi opinión, intentando
valerse del sistema judicial español), Juana denuncia en Granada un
(supuesto) maltrato psicológico por parte del padre. Pero como existen
normas procesales vinculantes para todos los jueces y todos los
Juzgados, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada estima que
ese asunto debe ser instruido (y juzgado en su caso) en Italia.

Al mismo tiempo el padre, viendo que Juana y sus hijos no regresan y no
habiendo sido consultado ni aceptado esa decisión unilateral de la
madre, hace lo que tiene que hacer: acude al Juzgado correspondiente en
solicitud del cumplimiento de un Convenio Internacional suscrito tanto
por Italia como por España, el CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN DE
MENORES. Porque existe sustracción de menores cuando uno de los
progenitores se lleva del país de residencia de los menores a éstos sin
consentimiento o aceptación del otro progenitor.

Por supuesto, existe una excepción a la obligación de devolver a los
menores a su país de residencia, y esta excepción consiste en que la
restitución al país de residencia suponga un grave riesgo para el menor:
RIESGO QUE NO HA SIDO APRECIADO POR DOS TRIBUNALES.
Eso es lo que hizo, en un procedimiento judicial en el que JUANA ESTUVO
REPRESENTADA Y DEFENDIDA. Y en el que el juez correspondiente determinó
que NO EXISTÍA ESA SITUACIÓN DE RIESGO, y que por tanto los menores
debían regresar al domicilio familiar. Y no sólo eso: JUANA RECURRIÓ, y
un Tribunal Superior confirmó la decisión del Juez.

El compañero Alonso lo explicó claramente: no se está decidiendo
absolutamente nada acerca de la patria potestad, ni de la guarda y
custodia... Se está ventilando un asunto de SECUESTRO INTERNACIONAL DE
MENORES. Eso, le pese a quien le pese, es lo que ha hecho la madre. Y me
permito decir que si ella, Juana, estuviera bien asesorada, hace tiempo
que debería haber iniciado los correspondientes procedimientos en Italia
(país competente para decidir)para resolver lo relativo a la guarda y
custodia de sus hijos, alimentos, visitas y demás medidas que han de
adoptarse en los supuestos en que los padres rompen su convivencia.

Pero Juana no sólo decidió unilateralmente que no iba a hacer esto.
Dando un giro de tuerca y pese a que (en un proceso en el que ha estado
personada y ha sido parte) hay una resolución y una orden firme de
restitución de los menores, decide que no los va a entregar.
El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, a quien ha correspondido
este asunto (Cooperación Internacional: el Juzgado de granada se limita
a cumplir una resolución firme dictada por otro país que suscribió el
Convenio de la Haya), dicta la correspondiente resolución, fijando día y
hora de la puesta a disposición y restitución de los menores.

Como decimos, la madre se niega a cumplir, situándose en un punto
complejo. Debemos pensar que su abogada la habrá aconsejado como
corresponde, haciéndole saber las consecuencias PENALES de dicho
comportamiento: nos situamos en un plano delicado, ya hablamos de
obstrucción a la justicia, desobediencia judicial, secuestro -por vez
segunda-..., procesos todos ellos que sí se ventilarán en España, en
Granada. Y de hecho, ya la Juez del jugado de Violencia sobre la Mujer
ha derivado la petición del padre a los Juzgados de Instrucción.

Le pese a quien le pese, se trata de un asunto que se está ventilando en
los Juzgados de Italia. Y éstos han decidido (en un proceso en el que la
madre ha sido parte) que los niños han de volver.

Y volvemos a la entrevista del compañero Adolfo Alonso, y a su sensación
de impotencia al hablar con los medios de comunicación: DA LO MISMO LO
QUE DIGA EL PADRE, porque siempre ¡siempre! Va a tener más peso lo que
diga la madre. Aun cuando él venga respaldado por resoluciones
judiciales. Aun cuando ella haya cometido toda una suerte de actos y
adoptado decisiones por la vía de hecho ILEGALES. No importa que una
madre haya secuestrado a dos menores alejándolos de un padre, ni que
desobedezca y obstruya a la justicia. Siempre pesará el calificativo de
MALTRATADOR, hayan pasado los años que pasen. Sin importar si los
antecedentes están cancelados. Sin importar si se aquietó a la denuncia
y retiró la suya en beneficio de la relación familiar. Nadie,
absolutamente nadie, apostará por él.

María José Bultó
Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores

Última edición por Cremilo; Hoy a las 23:49
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